DOMINGO PÉREZ | MADRID
El Gobierno está empeñado en sacar adelante a cualquier precio el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Al presidente del Gobierno poco le importa haber recibido dos considerables revolcones jurídicos casi consecutivos por parte del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial que ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la reforma. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido contundente: «El anteproyecto irá al Parlamento -casi seguro a comienzos de septiembre- tal y como ha sido redactado».
Le trae sin cuidado encrespar a buena parte de la sociedad. Parece importarle poco que los más prestigiosos académicos, científicos y maestros universitarios hayan, a través del Manifiesto de Madrid -suscrito por más de 3.000 profesionales de la ciencia y la universidad-, enmendado la plana a la ley del aborto. Ni siquiera le afecta que, pese a lo que se esperaba, el Comité español de Bioética tampoco vaya -tal y como ha podido conocer ABC- a pronunciarse de una manera clara a favor de su iniciativa.
El Gobierno se ha quedado solo. Sin coartadas de ningún tipo. Sin pretextos sociales, ya que, aparte de que la propuesta de reforma ni siquiera fue recogida en el programa electoral del PSOE, hace mucho que quedó demostrado que la ampliación del aborto no era una demanda ciudadana. Tampoco encuentran apoyo en las elites científicas, ni jurídicas, ni éticas. No le quedan al Ejecutivo más que los intereses políticos -cazar votos entre el feminismo y la izquierda más radical y utilizar el aborto como moneda de cambio para disimular su debilidad parlamentaria- y a ellos se aferran despreciando todo lo demás.
El próximo revolcón
En diciembre de 2007, el Gobierno, siendo Bernat Soria ministro de Sanidad, creó el Comité de Bioética y designó a sus 12 integrantes: Carlos Alonso Bedate, Yolanda Gómez y Carmen Ayuso, propuestos por Sanidad; José Antonio Martín Pallín, Victoria Camps y Jordi Camí, elegidos por Justicia, Educación e Industria, respectivamente y a propuesta de las comunidades autónomas fueron seleccionados María Casado, César Loris, César Nombela, Marcelo Palacios, Carlos Romeo Casabona y Pablo Simón.
Fue el propio comité, sin que cursara petición directa del Gobierno, el que decidió elaborar un informe sobre el controvertido anteproyecto de ley. Rápidamente, el ejecutivo vio la posibilidad de sumar el prestigio de estos expertos a su desesperada búsqueda de coartadas. Así consiguió de la presidenta del Comité, Victoria Camps, una especie de compromiso para que el texto definitivo fuera de apoyo incondicional a una ley de plazos. Sin embargo, Camps calculó mal sus fuerzas y, a raíz de la primera reunión, a comienzos de junio, quiso forzar las voluntades de los miembros del comité para que elaboraran un documento benévolo con los planteamientos de la reforma y darle así un sostén ético a la misma. Se precipitó y, sin el consentimiento de sus compañeros, aseguró públicamente que el texto final sería favorable a las tesis gubernamentales.
Punto muerto en Bioética
Aquella maniobra de Camps -escasamente ética, por cierto- estuvo a punto de crear un cisma en el comité porque la realidad era muy distinta. La verdad es que no existía el consenso mínimo. Desde entonces no se ha progresado hacia ningún lado, ni a favor ni en contra y las sucesivas reuniones del comité han llevado la discusión a un punto muerto. ABC ha podido saber que a estas alturas el informe definitivo, que se dará a conocer dentro de mes y medio, ofrecerá, lejos de los deseos del Ejecutivo, unas conclusiones neutras, poco comprometidas e incluso en muchos aspectos contrarias a la nueva ley del aborto.
De confirmarse este extremos, quedaría demostrado que cada vez que el anteproyecto ha pasado el control de alguna institución sólida -fiscales, jueces o comité de bioética- ha sido «suspendido». Hasta el momento sólo ha recibido el apoyo de aquel famoso comité de expertos (todos reconocidos abortistas) que se inventó y designó para la ocasión la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
