# • Sus conclusiones contrastan con el firme rechazo de los obispos a la nueva ley
# • Aprueban que se despenalice durante las primeras semanas en algunos supuesto
JORDI CASABELLA
BARCELONA
El discurso apocalíptico de los obispos sobre el aborto (al que califican de crimen sin paliativos), con el que comulgan las entidades que promueven la manifestación de rechazo a la nueva ley convocada para mañana en Madrid, convive en el seno del catolicismo con visiones más abiertas de la cuestión. La última muestra de ello es un documento cuya autoría corresponde a un grupo de médicos, profesores y juristas de filiación cristiana del Institut Borja de Bioética (IBB) de la Universitat Ramon
Llull que aprueba que el Gobierno permita la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación cuando se acredite que el feto padece una grave afectación física o psíquica o la salud de la madre corra serio peligro, al igual que en casos de violación.
El documento, cuya difusión ha coincidido con los preparativos de la protesta instigada por los jerarcas de la Conferencia Episcopal Española, señala que, incluso de no existir motivos de salud o de vulneración de la dignidad personal, una ley de plazos sobre el aborto como la planteada tiene su justificación en la necesidad de dar «una respuesta jurídica» a una situación anómala que ahora se tolera.
AVALES MÉDICOS / El grupo de expertos se refiere a que, según los datos del Ministerio de Sanidad, un 97% de las interrupciones que se efectúan vienen ahora avaladas por un dictamen médico que certifica que la salud física o psíquica de la madre se halla en situación de grave riesgo. Y muchos de esos certificados, añaden, no superarían un examen riguroso sobre su veracidad. Los autores del trabajo consideran por tanto que la nueva normativa «no ha de suponer necesariamente un incremento de la cifra de abortos».
A diferencia de la posición de los obispos, que se aferran a la idea de que desde el momento de la fecundación el embrión adquiere la condición de persona, los expertos del IBB entienden que durante las dos primeras semanas, mientras el embrión no se ha implantado en el útero materno, puede ser «éticamente aceptable» interrumpir la gestación. A partir de entonces, y durante otras 10 semanas, habrá que ponderar, dicen, el grado de protección que merece la vida del embrión en función de los «conflictos graves» que puedan plantearse. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, que «la mujer no se vea capacitada para asumir la situación». En este caso, «no se le puede forzar a llevar a cabo la gestación en contra de su decisión». Y todo ello a pesar de que, «en principio, por convicción y sensibilidad», los autores se manifiesten contrarios a la interrupción del embarazo.
Así, lejos de hacer apología del aborto, el documento subraya que no existe «un derecho a abortar» y que en esta cuestión «despenalizar» no implica «normalizar», sino «reconocer el problema de los embarazos no deseados o de aquellas situaciones de gestación que tienen dificultades para salir adelante, dando opciones». Se trata, insisten, de adoptar «un gesto de comprensión y acogida hacia personas que se hallan en unas circunstancias difíciles que pueden convertir el inicio de una vida en una carga muy pesada», recoge el documento de la entidad que dirige la jurista Núria Terribas.
RECHAZO / Todo ello tiene poco que ver con el documento aprobado por la comisión permanente del episcopado, en el que los prelados se pronuncian sobre la nueva ley, que ellos adscriben a «la cultura de la muerte», calificándola de «serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer y un mayor abandono de las madres gestantes».
Los obispos son igual de taxativos a la hora de recordar a los católicos «coherentes con su fe» que «no pueden aprobar [la ley] ni darle su voto». «Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón», añaden.
