José Miguel Rodríguez-pardo inició la jornada reflexionando
sobre la forma en la que las aseguradoras encaran las incertidumbres asociadas
a una mayor longevidad. El experto señaló que el ser humano se podría
estar acercando a su límite biológico, fijado por el consenso en torno a
los 115 años. En este sentido, algunos factores que contribuyeron a aumentar la
esperanza de vida -como las estatinas, un medicamento para reducir el
colesterol- están perdiendo efecto; mientras que por el contrario se está
registrando un repunte de otras causas de mortalidad. A pesar de ello, las
aseguradoras muestran prudencia a la hora de comercializar productos
relacionados con las rentas vitalicias.
Rodríguez-Pardo criticó la excesiva prudencia del sector y
propuso dar mayor importancia a factores como el nivel educativo a la hora de
valorar los riesgos. El experto concluyó que era necesario ir hacia un
modelo articulado en dos fases: una comprendido entre los 65 y los 85 años (la
llamada tercera edad), en el que no existiría una gran incertidumbre para las
aseguradoras; y otra que abarcaría la cuarta edad, en la que sí existiría
un mayor riesgo, ya que la mortalidad se desacelera.
Por su parte, Carlos Esquivias abordó los
efectos del envejecimiento de la población desde una perspectiva económica. El
directivo de UNESPA destacó que España es uno de los países de la UE
con menor tasa bruta de natalidad (8,8 nacidos por cada 1.000
habitantes) y una relación afiliados / pensionistas que en diciembre de 2017 se
situaba en 2,23. Unos datos preocupantes que se ven agravados por unos niveles
salariales que no se están recuperando a la misma velocidad que el empleo, así
como por el hecho de que la Seguridad Social acumula siete años
consecutivos de déficit. Por ello, la CE estima que nuestro país es
el que más va a caer la tasa de sustitución de la pensión pública respecto del
último salario.
El experto señaló que ya se han tomado cuatro grandes
medidas para reducir la tasa de sustitución, que actualmente es una de las más
altas de Europa, y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En
concreto: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años, elevar el
periodo de cómputo de 15 a 25 años, desindexar las pensiones del IPC e
introducir el factor de sostenibilidad de las pensiones públicasreduciéndolas
conforme aumenta la longevidad. No obstante, matizó que estas medidas no han
terminado de tener éxito.
Carlos Esquivias apuntó que una de las posibles soluciones
para este problema se encuentra en el sector privado. Y, en concreto, en los
llamados sistemas de Previsión Social Complementaria. El experto recomendó
crear incentivos fiscales estables para estos sistemas y fomentar su cobro en
forma de renta vitalicias, una modalidad que eliminaría el riesgo de sobrevivir
a los propios ahorros.
Por último, Gregorio Gil de Rozas abordó el
problema de la sostenibilidad de las pensiones y recordó que el margen de
acción público es limitado, ya que este debate tiene un importante componente
político, ya que en España existen 9,5 millones de pensionistas y los partidos
no quieren perder su apoyo. El margen de acción también se ve limitado por el
hecho de que España es un país que ha basado gran parte de la
financiación de las pensiones en un solo pilar, la financiación pública, dejando
de lado los otros dos: la empresa y el ahorro individual.
Ante este problema de sostenibilidad de las pensiones
públicas, el experto aconsejó fomentar la educación financiera,
para conseguir que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de ahorrar
para la jubilación; así como de incentivar los planes de pensiones de las
empresas.
Posteriormente, durante el turno de preguntas se analizaron
los diversos sistemas existentes basados en los tres pilares de la previsión
social: público, empresarial e individual, y las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos en España así como su comparación con otros países
desarrollados. En especial se analizó el impacto de la longevidad en los
productos de rentas vitalicias y posibles soluciones para comercializarlos en
la llamada “cuarta edad”.
Para finalizar se presentó el Programa
Directivo de Gestión de Riesgos de entidades aseguradoras(GREA), IFRS 17 y
el cambio tecnológico, cuya 9ª edición arranca el próximo 1 de febrero. Este
programa está destinado a los profesionales del sector asegurador que quieren
alcanzar una elevada especialización en la gestión de los riesgos en entidades
aseguradoras.
