Publicado en Ifema -Vida Silver
La denominada Economía de Inclusión es un debate abierto, tanto en España como en otros países, cuyo concepto se articula en torno a la economía del bien común, el capitalismo de las partes y la economía circular. Todas las grandes iniciativas y organizaciones globales hablan ya de esta tipología relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El valor añadido que aporta la Economía de Inclusión es que implica una ruptura de paradigmas de la economía sustentada, y lo hace sobre tres pilares: el crecimiento como única medida de éxito, ampliar la mirada acerca del rendimiento del capital –considerando el impacto humano, social y ambiental–, y redescubrir el valor social de las empresas como agentes de progreso.
Tenemos un compromiso real con la sociedad que pasa porque nuestra labor social esté por encima de la rentabilidad económica. El capitalismo no puede medirse solo en términos de este parámetro, deben existir parámetros que midan la contribución social y que sean tan importantes como el de la rentabilidad. En este sentido, cualquier grupo social tiene que estar en la mente de la Dirección de cualquier empresa, para favorecer la inclusión de todas y todos. Nadie debe quedar atrás y más aún cuando el crecimiento postpandemia está generando mayor desigualdad (vacunas, inmigración…), unas consecuencias que sufren, en mayor medida, los países en vías de desarrollo.
La brecha de desigualdad entre el Norte y el Sur crece e incluso se acentúa en los países desarrollados donde tener un empleo no ayuda para salir de la pobreza.
Proponemos un alcance aún mayor, creemos que la inclusión debe ser empática, que no se trata de cumplir preceptos inclusivos o de evitación de culpa y menos aún ser una fuente de margen empresarial. Me atrevo a adaptar una sentencia del profesor de ética y filosofía de la UAM Diego Garrocho, y así advertimos que “la inclusión en los negocios no debe caer en el negocio de la inclusión”.
Freno a la desigualdad
En un contexto donde la economía del futuro será innovadora, verde, glocal (pensar en global y actual de manera local) y digital, también deberá ser inclusiva como freno a la expansión de la desigualdad, que no solo es moralmente cuestionable, sino que atenta contra factores claves para el desarrollo económico con la confianza, la cooperación y el desarrollo del talento. Hablamos de una inclusión que supone un trabajo mancomunado entre actores públicos y privados para recrear esas vías de inclusión y ascenso social que, como bien explica Piketty o Branco Milanovich, han sido severamente afectadas en las últimas décadas de financiarización extrema de la economía global.
La economía inclusiva no es solo un factor de bienestar y cohesión sociales sino también de competitividad económica. Tal como reconoce el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, las sociedades que gozan de elevados grados de igualdad demuestran una fuerte competitividad económica. Son también comunidades “capaces de construir mejores instituciones y de generar la confianza necesaria para aplicar reformas indispensables”, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La Nueva Longevidad, término acuñado por la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad de la Abogacía, necesita que la Economía de la Inclusión establezca, dentro de sus principios rectores, la equidad, dignidad y plenitud de las personas que transitan con diferentes intensidades vitales en el proceso de envejecimiento. La inclusión en este caso debe ser ejercida en una doble perspectiva intra e intergeneracional.
El desafío del cambio técnico y social
La economía inclusiva forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en concreto del punto 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que velan por la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La brecha de desigualdad entre el Norte y el Sur crece e incluso se acentúa en los países desarrollados donde tener un empleo no ayuda para salir de la pobreza. En este sentido, con este objetivo se trata de conseguir que todas las personas puedan tener un empleo de calidad, de manera que se reduzca el paro y aumente la productividad y el consumo.
Pero nada de esto será posible si no aspiramos a unas economías más justas y una tecnología para el bien. No deja de ser paradójico que, pese a que, desde la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida en el mundo ha aumentado 30 años y el acceso a la salud y la educación ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza, la desigualdad económica se ha disparado en muchas naciones, la movilidad social ha retrocedido y la cohesión se ha debilitado. Una nueva variable se suma a esta ecuación: el cambio técnico y social que están introduciendo las nuevas tecnologías disruptivas.
Hagamos de la economía de inclusión y de la diversidad la norma y no la excepción.
Tanto en un caso (economías más justas) como en otro (tecnología para el bien), es necesario formularnos las preguntas correctas para integrar la inclusión y diversidad en la economía: ¿cómo podemos reformar las economías para que el crecimiento beneficie a la mayoría y no solo a unos pocos y para asegurarnos de que el extraordinario motor de desarrollo humano sea sostenible?, ¿cómo unirnos para acordar las reglas sobre cosas como los bebés genéticamente modificados, los robots de guerra y los algoritmos que determinan nuestras posibilidades de vida?, ¿deberíamos ralentizar un poco las cosas?
Hay, además, un apunte en clave de oportunidad que nos brinda, puertas adentro, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Oportunidad porque movilizará 72.000 millones de euros de los fondos europeos en los próximos tres años, periodo en el que aportará un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales de PIB al año y creará en conjunto más de 800.000 puestos de trabajo. Este plan irá acompañado de diez políticas palanca urgentes que incluye la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. Es el camino. Hagamos de la economía de inclusión y de la diversidad la norma y no la excepción.
José Miguel Rodríguez-Pardo es profesor y coordinador Académico MCAF UC3M y presidente de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía.
