Decálogo de los Derechos Humanos de las personas mayores en situación de pandemia

Pandemia Covid19, una alerta: ¿cuidamos a las personas mayores en España?

Taller y presentación del “Decálogo de la Abogacía Española para la protección de los derechos humanos en pandemias”

Las personas mayores son personas especialmente vulnerables, debido al progresivo deterioro físico o mental que pueden desarrollar algunas de ellas, pero también frente a la marginación y abandono que suelen padecer y al sentimiento de soledad que pueden experimentar, siendo por ello más proclives a sufrir abusos y a la privación fáctica de sus derechos por motivo o excusa de su avanzada edad.

Esta especial vulnerabilidad aumenta en situaciones de pandemia, como la provocada por el virus SARS-CoV-2, particularmente agresiva con los mayores, habiendo dado lugar a situaciones de abandono y aislamiento forzado y a la privación de asistencia sanitaria intensiva cuando es necesaria frente a manifestaciones muy graves de la enfermedad.

Las personas mayores gozan de todos los derechos que en cuanto tales les corresponden y debe reivindicarse el respeto efectivo de todos ellos, en particular de aquéllos que en el contexto de una pandemia pueden ser más relevantes y exigibles. Por ello, desde la Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad Abogacía. Carlos María Romeo Casabona, miembro del Consejo Científico, y José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, su presidente, han redactado este» decálogo de los Derechos Humanos de las personas mayores en situación de pandemia» en el que reivindican los siguientes derechos:

Decálogo disponible en Decálogo ddhh personas mayores y Decálogo para la protección de los Derechos Humanos en pandemias

----------------------------La Abogacía presenta un Decálogo para la protección de los derechos humanos en pandemias

Como colofón al VII Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, se ha presentado el “Decálogo de la Abogacía Española para la protección de los derechos humanos en pandemias”, un documento elaborado por un panel de expertos compuesto por figuras académicas, del derecho y de organizaciones de la sociedad civil, que analizan aspectos como la regulación legal de la gestión de pandemias, la protección de grupos vulnerables, el acceso a medicamentos y vacunas, las características del modelo sanitario, el uso de tecnología, el derecho a la información y la libertad de expresión o la cooperación internacional y la protección del medioambiente.

El decálogo tiene como objetivo ofrecer un análisis y una guía para gestionar las pandemias desde el punto de vista de los derechos humanos y “tocar los puntos fundamentales que se pueden ver afectados en la gestión de una pandemia”, según ha señalado su coordinadora, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, presidenta de Movimiento por la Paz y Premio Derechos Humanos de la Abogacía en 2015, que ha sido la encargada de presentar el documento junto con algunos de los autores. Entre los autores que han acompañado a Sauquillo, Carlos R. Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, ha comenzado su intervención señalando que “el decálogo es una reflexión de esta experiencia para modificar y mejorar en la respuesta de este tipo de pandemias”. En una situación así “va a ver restricciones a derechos, por la acción del estado o por la propia situación de crisis”, por lo que ha considerado “conveniente hacer un enfoque de la pandemia desde los derechos humanos, que se ven afectados y que hay que adoptar siempre cuando hay un desastre”.

María Gálvez Sierra, directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes –cuya presidenta, Carina Escobar Manero, es autora de uno de los capítulos- ha señalado que “durante esta pandemia las personas con una enfermedad previa se han encontrado en una situación de vulnerabilidad enorme”, y ha reclamado que la prevención sea “uno de los pilares de nuestro sistema sanitario, hay que proteger a las personas que ya tienen otra patología para evitar otros problemas”, ya que “la salud es trasversal, tiene que estar en todas las políticas, no puede ceñirse a un ámbito concreto porque está en las personas”.

José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía y autor de otro de los capítulos, ha señalado para su elaboración se ha analizado “lo que ha ocurrido durante la pandemia e intentar que no se vuelvan a repetir los errores”, que se garanticen los derechos de las personas mayores, incluyendo “un derecho que no se percibe bien que es el derecho a la intimidad en la residencias”. “No es tanto reformular las leyes sino hacerlas cumplir”, ha concluido.

Finalmente, Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación Abogacía ha cerrado la mesa y el Congreso señalando que “esperemos que nunca más tengamos que hacer un Congreso basado en la necesidad de la salud pública”, y ha deseado a todos “una vida mejor y más saludable, para un mayor respeto de los derechos humanos y de las personas”.

Salud y personas mayores: necesidades y cuidados que necesitan mejorar

Antes de esta presentación, la situación de las personas mayores en España, especialmente durante la pandemia del Covid-19 y el futuro de los cuidados a los ancianos fueron algunos de los temas analizados en la última mesa del Congreso, bajo el título “Pandemia Covid-19, una alerta: ¿Cuidamos a las personas mayores en España?”.

Mª José Abraham Buades, directora general de la Fundación Edad & Vida ha lamentado que “las personas mayores siempre han sido muy invisibles en nuestra sociedad”, y ha expuesto el concepto de edadismo, una forma de discriminación que “está oculta”, pero que “afecta a todo el mundo, aunque sea de forma inconsciente” y cuya conducta hace que “se infantilice a las personas, se les nieguen servicios, prestaciones… y cierta vulneración de derechos”. Mª José Abraham ha advertido que “las medidas tomadas van a tener mucha incidencia en la salud de las personas”, y ha recordado que “todas las personas tienen que vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial en todas las etapas de su vida”, por lo que ha animado a “trabajar para acabar con estas discriminaciones por edad invisibles y proteger sus derechos”, ya que al final todos seremos personas mayores.

Por su parte, José Miguel Rodríguez-Pardo, presidente de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía, ha asegurado que “durante la pandemia hubo discriminación por edad”, no solo en España sino también en otros países. “En aquel momento, en marzo, se usó un criterio más utilitarista y se valoró a las personas en razón de la esperanza de vida que le quedaba”. En todo caso, “los grandes perdedores de este proceso de decisión han sido las personas mayores”. “La nueva economía dice que el bienestar mundial será mayor si opta por la cooperación, la ayuda y la solidaridad”, un escenario más probable con el actual estado emocional de la sociedad, ha asegurado Rodríguez-Pardo, pero se ha mostrado poco optimista en que se mantenga y que “cuando pase la pandemia, la sociedad no vuelva a olvidar a los mayores y los utilice otra vez como colchón social de la crisis económica que vendrá”.

Finalmente, César Antón Beltrán, director general del GRUPO Sergesa, ha recordado que, según la definición de la OMS, la salud “es pleno bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedades”, algo especialmente importante a tener en cuenta en personas mayores. El reto de la sociedad está en “cómo adaptar los sistemas sanitarios y sociales a esta realidad de una esperanza de vida cada vez mayor”, a los que “hay que unir los cuidados personales a su calidad de vida, actividades de la vida diaria, y tener en cuenta que les preocupa su salud física, su nivel de autonomía, su estado psicológico relacionado con la soledad no deseada y cada vez más cómo se relacionan con el entorno”. En cuanto a lo ocurrido durante la pandemia, ha recordado que “la asistencia de atención primaria no es lo mismo en un domicilio que en una residencia y que “las residencias sanitarias no son centros de carácter sanitario. Son centros de acción social que se les autoriza servicios sanitarios dentro”. Para finalizar, ha planteado que sería bueno debatir que la sociedad tiene clara “la obligación de los padres de cuidar de los hijos, pero no tanto de los hijos de cuidar a los padres”.

CONSULTA EL DECÁLOGO

El Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha remitido a los poderes públicos -Gobierno, Casa Real, Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas- un decálogo que ha elaborado para los protección de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia con la intención de que lo tengan en cuenta a la hora de gestionar crisis sanitarias como la actual.

Según explica la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, "los riesgos y daños que comportan las eventualidades pandémicas, como hemos podido comprobar, pueden afectar drásticamente a la agenda de las autoridades, exigiéndoles además algo tan complejo como recalcular el valor que cada derecho individual tiene en una nueva escala de valores del interés público".

Por ello, y ante la perspectiva de que el número de enfermedades infecciosas pueda crecer en el futuro, la Abogacía ha considerado oportuno "ofrecer a las autoridades públicas una carta de navegación", estimando que "el marco de los Derechos Humanos es el punto de anclaje correcto para el complejo ejercicio político que implica la recolocación temporal de bienes jurídicos fundamentales en una grave pandemia".

El decálogo analiza la regulación legal de la gestión de pandemias; la protección de grupos vulnerables como personas mayores, población penitenciaria o migrantes; el acceso a medicamentos y vacunas; las características del modelo sanitario; la aplicación de tecnología; el funcionamiento de la justicia; el mantenimiento de la actividad económica y empresarial; el derecho a la información y la libertad de expresión; y el enfoque sobre la seguridad nacional o la cooperación internacional y la protección del medio ambiente.

En el ámbito normativo, recomienda elaborar una "ley de pandemias que permita realizar un enfoque integral y coordinado de las competencias y los poderes en el Estado autonómico, de tal manera que se logre una mayor eficiencia en la gestión". En este sentido, defiende que "la gestión de la pandemia debiera realizarse desde el principio de subsidiariedad", de modo que si afecta a varias comunidades o al conjunto del territorio sea el Estado quien asuma el liderazgo, explica Europa Press.

Asimismo, sostiene que "la reacción a la pandemia debe basarse en criterios científico-técnicos, lo que exige crear un órgano técnico, que debiera estar regulado en la ley de pandemias, con independencia de que en las decisiones políticas se realice la debida ponderación de todos los intereses en presencia".

Vulnerables

Destaca también el apartado relativo a los derechos de las personas mayores, a las que califica de "especialmente vulnerables, debido al progresivo deterioro físico o mental que pueden desarrollar, pero también frente a la marginación y el abandono que suelen sufrir y al sentimiento de soledad que pueden experimentar, siendo por ello más proclives a sufrir abusos".

A este respecto, el decálogo reivindica para ellos los derechos que en su caso "pueden ser más relevantes y exigibles" en el contexto de una crisis sanitaria, como "el respeto de su autonomía respecto a las decisiones relativas a su tratamiento médico", "la no discriminación en el acceso a las unidades de cuidados intensivos por razón de la edad o de otra circunstancia distinta a criterios clínicos comúnmente aceptados" y el derecho de quienes viven en residencias a "comunicarse personalmente con sus familiares y allegados".

En cuanto al acceso a productos sanitarios, medicamentos y vacunas, señala que debe garantizarse su abastecimiento para permitir el acceso por la ciudadanía en condiciones de igualdad, subrayando que la financiación pública garantiza el derecho de acceso a todas las personas sin discriminación. En concreto, indica que "la autorización de los medicamentos debe ser una garantía y no un obstáculo, por lo que se debe asegurar tanto su seguridad y calidad como la celeridad en el acceso".

El decálogo aboga además por "reinvertir en la atención primaria, para que sea realmente el corazón del Sistema Nacional de Salud", dado que "su capilaridad le permite llegar hasta el último rincón de España y su capacidad de conocer personalmente, tratar, cuidar y acompañar a los pacientes y sus familias hacen que su contribución sea esencial para prevenir, asistir y mitigar los efectos de la pandemia".

Entiende igualmente que "la atención sanitaria en las residencias de mayores y otros centros socio-sanitarios debe ser asumida de forma directa e inequívoca por la atención primaria, las urgencias y los hospitales del Sistema Nacional de Salud". "Se trataría de aplicar el principio de Ciudadanía Sanitaria para personas institucionalizadas", apunta.

La intención de la Abogacía es que las reflexiones y recomendaciones contenidas en el decálogo "sean tenidas en cuenta para gestionar situaciones de pandemia o emergencias sanitarias desde el punto de vista de los Derechos Humanos".

El decálogo ha sido confeccionado por un grupo de expertos, entre ellos Miquel Roca, Soledad Gallego-Díaz o Carlos R. Fernández Liesa, bajo la coordinación de Francisca Sauquillo, abogada y presidenta de Movimiento por la Paz.

Además, la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad de la Abogacía ha desarrollado de forma más amplia el capítulo dedicado a la protección de las personas mayores en un decálogo elaborado por Carlos María Romeo Casabona, miembro del Consejo Científico, y José Miguel Rodríguez-Pardo, su presidente.